¿Por qué los partidos políticos que operan en Galicia no tienen un diagnóstico conocido sobre la funcionalidad, oportunidad y eficiencia de las Administraciones territoriales vigentes (comunidad autónoma, diputaciones y municipios), así como propuestas de cambio adecuadas, después de treinta años de experiencia democrática?
¿Por qué los recursos anuales que integran el Fondo de Garantía en el sistema vigente de financiación autonómica -justificado en principio para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales- no garantizan después un nivel mínimo de recursos para financiar esos servicios en cada ejercicio?
¿Qué lógica política tienen las diputaciones provinciales -residuos evidentes del pasado- en un Estado descentralizado e integrado en la Unión Europea? ¿Se utiliza el minifundismo municipal o la obligada reforma constitucional de las provincias como excusas para dificultar su recomendable supresión?
¿Hasta cuándo las subvenciones autonómicas y provinciales, con destino a municipios, seguirán distribuyéndose de forma opaca, desigual y clientelar bajo la inexplicable indiferencia de los ciudadanos contribuyentes?
¿Por qué nuestras mancomunidades de municipios terminan casi siempre con deudas excesivas, aferradas a las subvenciones, sin rendir cuentas y esquivas a las exigencias de las normas administrativas?
En el año 2025 se estima que el 40 % de los municipios gallegos tendrán menos de 2.000 habitantes y absorberán el 4,5 % de la población total. Una población envejecida, dispersa y dependiente (de pensiones y servicios sociales) atendida por ayuntamientos despoblados y descapitalizados. ¿Qué respuestas tiene la Xunta y el Parlamento de Galicia ante estas disfunciones estructurales que anuncian tan sombrías perspectivas?
Las subvenciones autonómicas a las empresas privadas son importantes y muy desiguales. La austeridad exige aquí transparencia y eficiencia en su distribución, lo que obliga a explicitar objetivos y verificar resultados. Sin estas garantías, el reparto de subvenciones a las empresas suele ser muy cuestionable.
Nuestros desajustes municipales con la demografía, la financiación, el urbanismo, la naturaleza o con la distribución de las subvenciones, son exageradamente primitivos y de insoportable resignación. ¿Qué razones explican esta miseria intelectual y política? ¿Qué maleficios enturbian nuestra convivencia democrática más elemental?
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